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Boko Haram: el Estado Islámico de África occidental.

div style="text-align: justify;">En agosto de 2014 la comunidad internacional se vio impactada por el anuncio que hiciera el grupo extremista Boko Haram  formar parte  de la cruzada yihadista global que lidera el autoproclamado Estado Islámico de Iraq y el levante, al que le juró lealtad. Así, el líder de esa agrupación, Abubakr Shekau, proclamó que la región de Borno había pasado a ser parte  del Estado Islámico, lo que ha significado una internacionalización del conflicto producto de las alianzas terroristas extracontinentales, que ha motivado la organización de coaliciones de países lideras por Nigeria que buscan detener el avance del terrorismo, entre los que destacan: Chad, Camerún, Níger y  Benín. Desde el surgimiento a principios del presente siglo, el grupo insurgente ha adquirido una creciente “popularidad” en la escena mundial por el impacto que está generado en el seno de la federación nigeriana y por la serie de hechos terroristas que ha llevado a cabo en la búsqueda de establecer un Estado Islámico, no solo en el norte donde la Sharia como regla de vida está vigente desde 1999 -con beneplácito del ex presidente Olusegun Obasanjo en un intento de aliviar las contradicciones étnicas- sino en los 36 estados del país.

La milicia se ha ganado el rotulo del grupo más violento del continente por la sistematicidad y contundencia de los atentados terroristas en la población civil y entidades  del Estado. Los sucesivos actos de terror  han cobrado la vida de 13 mil personas en los últimos cinco años, así como el desplazamiento forzado de aquellos que han logrado sobrevivir a los mortales ataques. En este sentido, durante el 2014 la cifra de desplazados alcanzó cerca de 975.300 personas, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),  mientras que durante el 2015 se elevó de forma considerable hasta llegar a 2.1 millones de personas, según la Organización Internacional de las Migraciones, lo que ha significado un problema de serias proporciones para el gobierno nigeriano y los países vecinos receptores de los inmigrantes.

En las últimas semanas la secta extremista no ha dejado de captar la atención de  la opinión pública, las razones obedecen a la magnitud de los ataques en la población, utilizando como armas a mujeres para llevar a cabo sus objetivos. Uno de estos atentados fue el 1 de febrero del año en curso en la localidad de Dalori, cerca de Maiduguri, donde murieron 85 personas y dejó decenas de heridos, además de la devastación del poblado entero. Asimismo, una semana después, el 9 de febrero, dos mujeres irrumpieron en un campo de desplazados, en Dikwa, donde se inmolaron, dejando el saldo de 60 fallecidos y cerca de 78 personas heridas. El último  ataque a campos de refugiados –práctica poco usual en la milicia–, se produjo en septiembre de 2015 en Yola, capital del Estado de Adamawa, sin dejar víctimas fatales.

Por la magnitud de los acontecimientos, el secretario de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-moon, hizo el llamado para abordar el problema del terrorismo  bajo una perspectiva más amplia que “abarque las raíces del fenómeno y respete las leyes internacionales humanitarias, de derechos humanos y de refugiados”.

La coalición de países de África occidental conformada a principios de 2015 por Nigeria, Chad, Níger, Camerún y Benín  autorizada por la Unidad Africana (UA)  y que agrupa a 8.700 soldados, no ha logrado resultados contundentes ante el avance de los radicales. En este sentido, lejos de debilitar a la organización terrorista, esta parece mantener su estructura sólida lo que le ha permitido establecer alianzas internacionales con otros grupos insurgentes que buscan socavar la estabilidad continental a través de la instrumentalización del Islam como doctrina religiosa.

En definitiva, la proliferación y avance del yihadismo salafista en la federación nigeriana se ha convertido en un problema que está condicionando la institucionalidad de la mayor economía del continente africano, lo que significa que de no ser erradicado pondría en riesgo las estructuras estatales que ante la dinámica actual ofrece serias debilidades que ponen en riesgo la continuidad del sistema democrático.
- Fecha de publicaci├│n: 19 Feb 2016
- Publicado por: CEAA

Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas "José Manuel Briceño Monzillo"
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Universidad de Los Andes, Mérida - Venezuela