La condición jurídica de la República árabe Saharaui forma parte de los permanentes debates en la comunidad internacional. Por encontrarse sometida a un Plan de Paz desde 1991, después de un enfrentamiento armado que se inició en 1975, sin resultados concretos hasta la fecha, esto ha significado que su reconocimiento se vea retardado en el tiempo, a razón de que la influencia del colonialismo español sigue estando presente, cuyo estatus es el de potencia administradora, mientras que Marruecos ejerce las funciones de ocupante. Así, uno de los logros alcanzado por la lucha armada y la diplomacia saharaui se ha reflejado en el seno de la Unión Africana quien la reconoce y le otorga legitimidad como Estado soberano.

Tras ser readmitido Marruecos en la Unión Africana el 30 de enero de 2017, luego de su salida en 1984 del máximo órgano continental, los logros hasta ahora conseguidos por la RASD se han visto amenazados por ser esta la única organización que la respalda y reconoce los derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación. En este sentido, tal hecho supone una dura derrota diplomática para los aliados del Frente Polisario entre los que destacan Argelia, Sudáfrica y Nigeria quienes han sido solidarias en la larga lucha que ha buscado romper la condición de coloniaje en la que se encuentra. Al respecto, la continua posición de los diplomáticos de Rabat no se ha hecho esperar calificando a la RASD como un Estado "fantasma", siendo su objetivo inmediato la expulsión de la organización multilateral.

Luego del ingreso del Reino de Marruecos a la organización, las respuestas del Frente Polisario no se han hecho esperar. Dentro de las maniobras de carácter defensivo está la ocupación de la zona desmilitarizada de Guerguerat, en la frontera sur del Sahara Occidental con Mauritania (03-01-2018). La última vez que se llevó a cabo un movimiento de este tipo en el mismo lugar de operaciones fue en enero de 2017, en aquella ocasión las tropas del Frente Polisario despejaron el terreno en abril del mismo año. Por su parte, la reacción de Marruecos no se ha hecho esperar, reflejándose en el envío de un correo a la ONU en el que denuncia la "violación del acuerdo de alto el fuego" por parte del Frente Polisario.

Bajo este panorama, si algo queda claro es que la condición de la RASD seguirá siendo parte de los debates en el marco de las Naciones Unidas. En el orden político, la lucha armada llevada a cabo por el Frente Polisario se verá exacerbada como parte de las maniobras de Marruecos y su progresivo reacomodo ahora en el contexto africano, que desde el ascenso del rey Mohamed VI en el 2000 ha ido tejiendo una red de alianzas comerciales, además de promover el aislamiento de la RASD bajo la mirada cómplice de países como Francia, España y los Estados Unidos.

En el ámbito económico, recientemente los organismos internacionales han reconocido la ilegitimidad de acuerdos comerciales que ha llevado a cabo Marruecos haciendo uso del territorio saharaui. A raíz de ello, el pasado mes de enero del año en curso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su abogado general Melchior Watheleet, dictaminó que el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y aguas adyacentes. De igual forma procedió la justicia sudafricana, cuando falló a favor del Sahara Occidental en un pleito por la propiedad de un cargamento de 54.000 toneladas de fosfato, extraídas en territorio saharaui por empresas marroquíes y retenidas en la nación africana en 2017 cuando iban camino a Nueva Zelanda por vía marítima. Lo anterior reafirma la posición abiertamente colonial de Rabat al disponer de los recursos naturales de un territorio que aspira a la autodeterminación.

Un tema que sigue siendo materia controvertida es la permanente violación de los derechos humanos de la población saharaui, siendo una práctica común de todo Estado colonial. En septiembre de 2017 la justicia marroquí condenó a 19 activistas saharaui, ocho de los condenados se enfrentan a cadena perpetua por los disturbios en el campamento de Gdim Izik en 2010, donde perdieron la vida 11 agentes marroquí. La resonancia de estas manifestaciones estuvieron dadas por el hecho que se convirtieron en la mayor demanda de autodeterminación desde que España abandonara el Sahara Occidental en 1976 a lo que el Estado ocupante ha respondido con dureza.

En definitiva, las respuestas del Frente Polisario tras la consecución de la autodeterminación de su pueblo seguirán siendo contundentes, y para lo cual el respaldo diplomático de sus aliados continentales (Argelia, Sudáfrica y Nigeria) será parte de esa lucha legítima. Entre tanto, Marruecos no está dispuesto a perder su posición de país colonial, ahora revigorizado luego de su reincorporación a la Unión Africana.