El  pasado 11 de abril del año en curso la escena política de Sudán fue sacudida luego del anuncio de la dimisión de Omar Hasán Ahmad Al Bashir. Su salida se produjo luego de permanecer 30 años en el poder, cuando siendo brigadier del Ejército sudanés, dirigió a un grupo de oficiales que encabezó  el golpe de Estado que puso fin al gobierno que dirigía el primer ministro Sadid al-Mahdi en 1989. La deposición  se produjo en medio de una atmósfera de inestabilidad marcada por movilizaciones de calles, donde el propio ejército ocupó un rol significativo que le obligó a presentar su renuncia como Jefe de Estado, anuncio que hizo el vicepresidente, general Awad Ibn Awf, advirtiendo que las Fuerzas Armadas se hacían cargo del poder durante dos años además de suspender la constitución vigente.

Durante su administración, el gobierno de Al Bashir inició un proceso de negociación que puso fin a la Segunda Guerra Civil Sudanesa (1983-2005), siendo uno de los conflictos más dramáticos del siglo XX, derivando en el otorgamiento de la autonomía a Sudán del Sur. De igual forma, ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad en 2008 por la Corte Penal Internacional, sobre el que pesa una serie de cuestionamientos por el tratamiento dado al conflicto de  Darfur, que ha acabado con la vida de 300.000 personas, encontrándose 2 millones de personas desplazadas dentro del país y más de 650 mil sudaneses se encuentran refugiados en países vecinos como Chad y Sudán del Sur, según ACNUR.

Las manifestaciones que conllevaron a la salida del mandatario se iniciaron en diciembre, siendo uno de los catalizadores el alza de los precios del pan. Estas reacciones fueron canalizadas por la Asociación de Profesionales Sudaneses, que surgió como una alternativa sindical frente al férreo control estatal. De igual forma, la crisis económica que afecta al país se ha hecho sentir dramáticamente en la población que asciende ya a los 43 millones, además de la escasa participación política de la sociedad fueron elementos que alentaron las movilizaciones, dejando como resultado la imposición del Estado de Emergencia y la destitución de todo el gobierno (22-02-2019) por el ahora ex presidente.

Las reacciones de la comunidad internacional sobre tal acontecimiento no se hicieron esperar. Desde las Naciones Unidas, el Secretario General António Guterres, hizo un llamamiento a la calma y aunque se abstuvo de condenar el golpe, señaló:  “que respete el deseo democrático de los sudaneses”. Por su parte la Unión Africana, no fue partidaria por la forma como se ha operado el proceso de transición, al señalar que: “el golpe militar no es la respuesta adecuada a los desafíos que enfrenta Sudán y a las aspiraciones de su pueblo”, posición que fue asumida por Moussa Faki, jefe de la Comisión de la UA, órgano que amenazó con suspender a Sudán si los militares se mantienen en el poder.

Con Al Bashir en prisión, el llamado a la transición se ha puesto en marcha y con ello los diversos actores sociales han iniciado el proceso de demandas que le habían sido negadas en las últimas tres décadas. Unos de los pasos más trascendentes vinieron de parte de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) que anunció la liberación de “todos los presos políticos” en vísperas de la renuncia del mandatario. Por otra parte, la Alianza para la Libertad y el Cambio, organización que reúne a partidos de oposición y grupos de la sociedad civil, se mantienen atentos al nuevo momento político, al afirmar en un comunicado que quienes asumieron la dirección del Estado “presentan las mismas caras contra las que nuestra gente se rebeló”, por ser los principales colaboradores del depuesto presidente quienes han asumido la dirección de las instituciones para los próximos dos años.

En definitiva, el nuevo proceso transicional en Sudán estará garantizado en la medida en que los diversos sectores de la sociedad civil sean incorporados al debate nacional como actores activos del nuevo momento histórico que se está operando.