El camino transitado por la sociedad sudafricana y las organizaciones de base durante los días de vigencia del régimen excluyente fueron arduos hacia la instauración de un modelo sociopolítico de carácter democrático. Desde la lucha no violenta hasta la confrontación armada por parte de las estructuras –entre las que destacaron el brazo armado del CNA (Lanza de la Nación) y el Partido Comunista– que adversaban al Estado racista sudafricano después de la década de 1950, fue parte de un movimiento que buscó ante todo, una mayor participación de la población en los asuntos nacionales.  La necesidad de derrocar al apartheid planteó durante los días de legalidad diversas estrategias de luchas que fueron llevadas a cabo por los líderes que se oponían al Estado racista, entre las que destacaban: movilizaciones y acciones de masas, clandestinidad política, lucha armada y una campaña internacional para aislar a la Sudáfrica de ese entonces, las cuales fueron el trazo de un combate orientado hacia la instauración de una sociedad democrática.

Ante la insostenible realidad represiva y de profunda crisis económica que agobiaba al país, se llevó a cabo un proceso de negociación que permitió sortear los obstáculos impuestos por los defensores del racismo que hacía indicar que la nación se sumergiría en una guerra civil, pronóstico que fue paulatinamente evaporado con el inicio de las reformas políticas y sociales que allanaron el camino hacia la elección de un nuevo gobierno en la era democrática postapartheid  liderado por Nelson Mandela, que tuvo como gran reto sellar las divisiones sociales, así como crear una identidad que le diera cuerpo a la nueva nación sudafricana que estaba emergiendo.

Con el ascenso de Mandela a la presidencia de la República en Sudáfrica en representación del Congreso Nacional Africano  y muchas alianzas de partidos, se abría al mismo tiempo un nuevo momento histórico en este país del África meridional. Así, iniciado el proceso de  transición se instalaba un gobierno que tenía como reto en primera instancia la reconciliación nacional, después de las profundas heridas dejadas por el modelo racista que había silenciado a todos aquellos que por su color de piel, formaban parte del escalón más bajo de la pirámide económico-social bajo la tesis de: “pigmentocracia sudafricana”, que clasificó a sus componentes nacionales-culturales sobre la base de patrones racistas.

El gran logro de la nueva institucionalidad estuvo dado por convocar a los múltiples sectores del país hacia la instauración de una nueva sociedad, donde los derechos fundamentales fuesen en igualdad de condiciones sin tomar en cuenta la pertenencia étnica. Desde el momento en que Nelson Mandela asume la primera magistratura, de forma inmediata comisiona al clérigo Desmond Tutu para que presidiera la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el cual fue la figura encargada de mediar entre aquellos quienes habían sido agresores en los días más voraces del sistema segregacionista y aquellos cuya dignidad humana fue desecha por el régimen de Pretoria en su intento de establecer una nación exclusivamente basada en la supremacía blanca.

Por ello, la nueva clase política que asumía la dirección del Estado en Sudáfrica después del desmantelamiento del apartheid, buscó una vez iniciado el proceso de reconciliación, imprimirle valores éticos hacia el reforzamiento de la unidad nacional, donde no hubiese vencedores ni vencidos, orientado a evitar enfrentamientos directos entre aquellos que habían sido arduos defensores del “desarrollo separado” y las víctimas directas de tal modelo.  Dentro de los conceptos operativos que permitieron darle un marco integrador al nuevo modelo político sudafricano estaba Ubuntu, lo que le asignaba una percepción comunitaria, así como moral al naciente proceso de integración nacional.

Luego de dos décadas transcurridas, Sudáfrica enfrenta dificultades estructurales que no han logrado ser superadas. Así, podemos señalar diversos aspectos que han incidido en la gobernabilidad del sistema político sudafricano. En primera instancia, las reformas agrarias siguen siendo una de las promesas incumplidas de los gobiernos post apartheid, esto significa que las grandes extensiones de tierras agrícolas comerciales sigan en manos de las antiguas minorías dominantes afrikáner, en tanto que el resto de la población sólo se han visto beneficiados de las escasas tentativas de reformas (integración de la población históricamente excluida, construcción de escuelas, apertura económica internacional). Por otra parte, la franja entre la población en la línea de pobreza sigue siendo considerable, representando un 53,8% del total nacional según el Banco Mundial (BM). De igual forma, los niveles de desempleo son elevados, ocupando el escalón más alto dentro de la estructura social de la población con un 29%. Dentro de esta misma tendencia es necesario resaltar el sensible reto de atender el avance del VIH/Sida que toca a cerca de 5, 7 millones de personas, siendo la cifra record dentro del continente africano.

En definitiva, la nueva Sudáfrica tiene por delante retos complementarios y muy sensibles por atender como el fenómeno de la corrupción, el cual ha estado minando el aparato estatal y lo estanca en su accionar ante la inmensa deuda social heredada del apartheid, lo cual  puede incidir de forma significativa en la estabilidad política nacional y con ello condicionar la consolidación de uno de los sistemas democráticos más firmes del continente africano. La Sudáfrica de hoy no debe olvidar su pasado histórico y contemporáneo en los grandes desafíos que día a día enfrenta.