El 15 de noviembre de 2017 fue depuesto Robert Mugabe del poder luego de permanecer en la presidencia de la república desde 1980, año de la independencia del país. La destitución se llevó a cabo por intermediación del Tribunal Supremo que avaló el golpe militar, además de tener como catalizadores la práctica de un abierto nepotismo que en última instancia buscaba postular a su esposa Grece Mugabe como su sucesora en la dirección del país. Por otro lado, los enfrentamientos entre sectores en el seno de la Unión Nacional Africana de Zimbabue- Frente Patriótico (ZANU-PF), el partido de gobierno fue frontal, encontrándose en medio de la disputa: la Generación 40 (G-40), que abogaba por un equipo más joven para asumir el gobierno y encabezado por la familia Mugabe, quien rivalizaba con el Equipo Lacoste, representado por Mnangagwa.
Para dirigir los destinos de Zimbabue en los próximos meses, el designado fue Emmerson Mnangagwa, un veterano que participó en el proceso de independencia y que hasta entonces había estado vinculado al derrocado presidente, meses antes de su expulsión del cargo de vicepresidente. Tras posesionarse el 24 de noviembre de 2017, el nuevo jefe de Estado se ha dirigió al país en un discurso conciliador que buscaba dejar en el pasado reciente el lastre de cuestionamientos del que era objeto la anterior administración. En este sentido, como una urgente necesidad anunciaba el imperativo del diálogo nacional, donde el mandatario se ha mostrado dispuesto a "servir a todos los ciudadanos, independientemente de su color, creencia, religión, tribu, tótem o filiación política".
Los retos que enfrenta el gobierno post-Mugabe se centra fundamentalmente en superar la difícil crisis que azota al país, marcado por una hiperinflación que se ha evidenciado en una drástica caída del PIB en un 50% entre los años 2000 y 2008, siendo la mayor contracción de una economía en tiempos de paz, según el Banco Mundial. Adicionalmente, resulta imprescindible la superación de prácticas que han motivado el desencadenamiento de los tristes indicadores económicos como es: el permanente saqueo de activos estatales y la ruptura de las redes clientelares que se han tejido en torno al ZANU-PF. Estos factores han motivado la severa dificultad de liquidez financiara, siendo una de las salidas la solicitud de créditos a China y los principales donantes occidentales en Washington y la Unión Europea.
Bajo este panorama se inscribe la transición en este país de Africa meridional, cuyos desafíos recaen sobre el presidente Mnangagwa. En primer lugar, limpiar la imagen de sí mismo ante los permanentes señalamientos que lo vinculan a la masacre de 1983 en las provincias disidentes de Marabeleland (oeste) y Midlans (centro), donde perdieron la vida más de 20.000 personas, siendo para ese momento el jefe de seguridad nacional, así como por estar asociado en la manipulación de las elecciones de 2008 que dio por ganador al ex presidente Mugabe. En segundo lugar, está la apertura de la escena política como uno de los elementos que debe legitimar el proceso transicional, que permita la participación de las diversas tendencias. Al respecto, el principal partido de la oposición, Movimiento por el Cambio Democrático (MDC-T), está dispuesto a entrar en un nuevo gobierno que permita un equilibrio de fuerzas y la incorporación del conjunto de la sociedad civil como garante del nuevo momento.
En definitiva, el inicio del proceso de transición ya está en marcha desde la destitución de Mugabe y su primera prueba hacia un verdadero cambio se centra en el llamado a las elecciones para el mes de septiembre del año en curso, donde el rol de las instituciones se centran en generar un escenario de confianza orientado a la participación de la ciudadanía. Entre tanto, el candidato por el histórico partido ZANU-PF sería el propio Emmerson Nnangagwa, ahora el hombre "fuerte" de la escena nacional.